Por primera vez, el SESCAM ha facilitado a la Plataforma a través del Portal de Transparencia el número de profesionales sanitarios inscritos en el registro de objetores: 41 personas. La Administración ha informado también de 198 médicos en el conjunto de los servicios de Ginecología y Obstetricia de los hospitales de Castilla-La Mancha, aunque no ha concretado cuántas de las 41 personas objetoras son médicas ni cuál es el número total de profesionales de estos servicios. Incluso tomando el supuesto más desfavorable —que las 41 personas objetoras fueran médicas— representarían el 20,7 % de los 198 médicos, lo que significa que casi ocho de cada diez no estarían inscritos en el registro de objetores.
La concentración puso el foco en una reivindicación que sigue pendiente en Castilla-La Mancha: que el aborto se garantice de manera efectiva en la sanidad pública, con recursos, profesionales y una organización que permita acceder a la prestación sin tener que recurrir a centros privados y sin que las mujeres sean derivadas a otras comunidades autónomas, como ocurre actualmente en la mayoría de los casos.
Las organizaciones que integran la Plataforma denunciaron que las mujeres de Castilla-La Mancha continúan encontrándose con una prestación que, pese a estar reconocida legalmente, se realiza fuera de la red pública. En 2024, el 99,95 % de las interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en Castilla-La Mancha se practicaron en clínicas privadas, según datos del Ministerio de Sanidad. Y alrededor del 60 % de las mujeres que han decidido abortar en los últimos 15 años han tenido que salir de la región para hacerlo.
Por ello, reclamaron una red pública de interrupción voluntaria del embarazo integrada en el SESCAM, con recursos y profesionales suficientes y accesible en todas las provincias y áreas sanitarias.
El dato de los objetores cuestiona la idea de una objeción generalizada
La Plataforma considera especialmente relevante que, después de años reclamando información, el SESCAM haya facilitado por primera vez datos oficiales sobre las personas inscritas en el registro de objetores de conciencia.
Aunque la información proporcionada sigue siendo insuficiente para conocer con precisión la dimensión de la objeción —al no especificarse las categorías profesionales ni la distribución por hospitales y áreas sanitarias—, permite introducir datos objetivos en un debate en el que durante años se ha hablado de una supuesta objeción generalizada.
Para la Plataforma, este dato refuerza la necesidad de dejar de utilizar la objeción de conciencia como argumento para no organizar la prestación. La obligación de la Administración es organizar los servicios sanitarios de forma que una objeción individual no impida ni retrase el acceso de las mujeres al aborto en la sanidad pública.
La objeción de conciencia es un derecho individual de los profesionales, no una objeción de los servicios, unidades u hospitales. Corresponde, por tanto, al SESCAM planificar los recursos humanos y asistenciales necesarios para garantizar la prestación.
La Plataforma reclama que se hagan públicos los datos completos sobre objetores por categoría profesional, número de profesionales de Ginecología y Obstetricia y distribución por hospitales y áreas sanitarias, así como los recursos disponibles y las derivaciones que se producen.
Conocer cuántas personas objetan no puede ser el punto final. Tiene que servir para organizar los servicios.
Un solo centro público no es suficiente
La Plataforma considera que el anuncio de la creación de un centro público no resuelve por sí solo el problema de acceso al aborto en Castilla-La Mancha. Es necesario conocer qué centros prestarán la atención, cuándo comenzará, con qué profesionales y recursos y cómo se garantizará el acceso en todas las provincias y áreas sanitarias.
Las mujeres que viven en zonas rurales o tienen dificultades económicas, laborales, familiares o de desplazamiento no pueden encontrar obstáculos adicionales para acceder a una prestación sanitaria en función de su lugar de residencia o sus circunstancias personales.
Por ello, la Plataforma reclama al Gobierno de Castilla-La Mancha:
- Una red pública de aborto en todas las provincias.
- Un calendario concreto, público y verificable para la implantación de la prestación.
- Recursos y profesionales suficientes, garantizando que la objeción de conciencia individual no impida ni retrase el acceso.
- Datos públicos y transparentes sobre profesionales objetores, recursos, derivaciones y prestación realizada dentro y fuera de Castilla-La Mancha.
- Información pública, clara y accesible sobre el derecho al aborto, el itinerario asistencial y los recursos disponibles.
- Protección efectiva frente al acoso y la intimidación para mujeres y profesionales.
Con motivo del 28 de septiembre, Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, la Plataforma reafirma una reivindicación clara:
