El Partido Popular de Tomelloso ha reclamado medidas urgentes y útiles para frenar el deterioro del campo de Castilla-La Mancha durante una rueda de prensa celebrada en su sede local, en la que ha intervenido en primer lugar Jesús Lara, concejal de Agricultura, acompañado por la teniente de alcalde, Eloísa Perales, y por Santiago Lucas-Torres, vicepresidente segundo del PP en las Cortes de Castilla-La Mancha.
La comparecencia ha arrancado con un mensaje claro por parte de Jesús Lara, que ha trasladado la honda inquietud del Partido Popular ante la situación que atraviesa el sector agrario. Según ha expuesto, el campo ya venía soportando una fuerte presión por la guerra de Ucrania y ahora se enfrenta además a un nuevo escenario internacional marcado por la tensión en Oriente Próximo, con efectos directos sobre los fertilizantes, la urea y los combustibles.
A juicio del edil, este contexto está llevando a muchos agricultores de Castilla-La Mancha a una situación límite. Por eso ha defendido que ya no basta con medidas diferidas en el tiempo, como una futura reducción de módulos agrarios en la campaña de la renta, porque eso, ha venido a señalar, no resuelve ni la productividad ni la viabilidad inmediata de las explotaciones. En su intervención ha insistido en que hacen falta respuestas rápidas, eficaces y pegadas a la realidad del campo.
Tras esa primera exposición, ha tomado la palabra Santiago Lucas-Torres, que ha enmarcado Tomelloso como una referencia agraria de primer nivel y ha reiterado que el Partido Popular quiere situarse al lado de agricultores y ganaderos en un momento especialmente delicado. El dirigente popular ha resumido la preocupación de su partido con una frase muy directa: “El campo ya no puede seguir siendo el cajero automático de todas las crisis internacionales”.
Lucas-Torres ha ido desgranando, por orden, los principales frentes abiertos que, a su juicio, amenazan al sector. En primer lugar, ha hablado de la PAC, subrayando la preocupación existente por una posible reducción de las ayudas o por el temor a que esos fondos terminen destinándose a fines ajenos a la actividad agraria. En ese punto, ha asegurado que su formación no va a aceptar que se debilite una herramienta que considera esencial para la estabilidad del campo.
El segundo gran bloque de su intervención ha girado en torno al agua, un asunto que ha definido como el problema más grave para los agricultores de Castilla-La Mancha. Ha puesto como ejemplo la situación de los pozos y ha advertido de que, si siguen llegando restricciones y cierres, el resto de debates quedará en un segundo plano. En esa misma línea, ha criticado la estrategia del Ministerio para la Transición Ecológica y ha cuestionado medidas como el cierre de captaciones, la reducción de caudales o nuevas exigencias técnicas y económicas para los regantes.
También ha dedicado una parte importante de su intervención a la plaga de conejos, que, según ha denunciado, está causando graves daños en una parte muy importante de la superficie agraria regional y golpea con especial dureza a zonas de La Mancha declaradas en emergencia cinegética. Desde su punto de vista, declarar la emergencia sin aplicar soluciones reales de control no resuelve el problema. De hecho, ha avanzado que ayuntamientos gobernados por el Partido Popular estudian acudir a los tribunales frente a la Junta de Comunidades por la falta de respuestas eficaces.
A continuación, el vicepresidente segundo de las Cortes ha ampliado el foco para hablar de otras incertidumbres, como el acuerdo con MERCOSUR y, sobre todo, el fuerte encarecimiento de los insumos agrarios. Ahí ha puesto cifras sobre la mesa y ha alertado de una subida del 35% en fertilizantes en apenas unos días, además de la incertidumbre sobre el suministro de productos nitrogenados. En paralelo, ha advertido del incremento del gasóleo agrícola, con un impacto directo sobre cada hectárea sembrada, cada salida del tractor y, en definitiva, sobre la rentabilidad de las explotaciones.
Con ese diagnóstico, el dirigente popular ha detallado el paquete de medidas que su partido quiere defender en las Cortes regionales. Entre ellas figuran ayudas directas del Gobierno nacional para compensar el encarecimiento de fertilizantes, energía y otros insumos; una bonificación extraordinaria del gasóleo agrícola mediante el refuerzo de la devolución del impuesto de hidrocarburos; y varias medidas fiscales urgentes, como la reducción del 35% del rendimiento neto vinculado al gasto del gasóleo y del 15% por fertilizantes y plásticos en el régimen de IRPF agrario.
Además, ha reclamado garantías de abastecimiento tanto de carburantes como de fertilizantes, así como una supervisión del mercado para evitar subidas injustificadas o movimientos especulativos que castiguen aún más al sector. Y, junto a las exigencias al Ejecutivo central, también ha dirigido sus críticas al Gobierno regional, al que ha pedido una línea extraordinaria de ayudas directas, deducciones fiscales autonómicas, un fondo regional de apoyo al sector agrario y una mesa permanente de seguimiento con las organizaciones profesionales.
La comparecencia ha terminado con un mensaje muy político, pero también muy pegado al terreno. Lucas-Torres ha defendido que el campo no está pidiendo privilegios, sino justicia, y ha remarcado que detrás de cada explotación hay empleo, riqueza, identidad y futuro para los pueblos. En esa idea ha querido resumir el fondo de la intervención: dejar producir, dejar trabajar y garantizar que agricultores y ganaderos puedan seguir viviendo de su esfuerzo.
